El planteamiento central es que el esquema actual de concesión —recientemente prorrogado a una entidad privada en el caso de la carretera Silao-Guanajuato— incurre en lo que la OCDE define como “captura de rentas”. Según el documento, las concesiones otorgadas por periodos de hasta 30 años, sin mejoras sustanciales en la movilidad, operan como mecanismos de transferencia de riqueza de los ciudadanos hacia empresas privadas con vínculos políticos. A ello se suma la saturación crónica en puntos críticos, particularmente en el acceso a la capital, lo que, bajo estándares internacionales, evidenciaría una falla operativa que debería derivar en la revisión del contrato y no en su ampliación.
El documento sostiene además que el modelo vulnera el principio de “Valor por Dinero”. A diferencia de los estándares de gobernanza de infraestructura promovidos por la OCDE, los decretos estatales de concesión carecen de cláusulas de revisión de beneficios. No existen ajustes automáticos por incremento de tráfico —cuando internacionalmente el aumento en la demanda puede implicar reducción de peajes— y, por el contrario, en Guanajuato las tarifas se mantienen o se incrementan periódicamente, afectando la economía familiar. También se señala la falta de licitación competitiva en septiembre de 2024, proceso en el que se presentó una sola propuesta que fue validada, lo que, desde la óptica técnica, limita la competencia y la posibilidad de reducir costos una vez amortizada la obra original.
En el apartado relativo al derecho a la igualdad y la libre movilidad, se documentan agravios específicos en la carretera Silao–San Miguel de Allende y en la llamada carretera libre Guanajuato-Silao. Se advierte una desigualdad en el acceso derivada del otorgamiento de beneficios económicos anticipados a empresas, como el cobro de peaje en vías existentes antes de concluir nuevas obras, lo que impone una carga desproporcionada a usuarios sin alternativas gratuitas eficientes. Asimismo, se denuncian retrasos en la liberación de derechos de vía y opacidad en la compra de terrenos para la vía Silao-SMA, generando incertidumbre jurídica mientras la infraestructura ya estaría siendo pagada indirectamente por la ciudadanía.
En el plano legislativo, el colectivo propone tres acciones concretas: reformar la legislación estatal para integrar formalmente el concepto de “Valor por Dinero”, obligando a que toda concesión o prórroga demuestre generar mayor beneficio social que la operación directa del Estado o la liberación de la vía; establecer mecanismos de transparencia de ciclo completo que obliguen a la revisión técnica de contratos ante incrementos de demanda o saturación; y realizar una auditoría de movilidad que determine si el esquema actual cumple su misión operativa o se ha convertido en un instrumento recaudatorio que afecta la competitividad y encarece actividades económicas en Guanajuato Capital.
El documento también solicita que el Grupo Parlamentario respalde una revisión externa integral del proceso de concesión de autopistas, postura impulsada por los diputados Romero Hicks y Bermúdez, bajo tres ejes: legitimidad de las prórrogas —al considerar que concesiones automáticas o poco transparentes deben ser auditadas y que no puede comprometerse el patrimonio vial por décadas sin justificar un beneficio social superior al costo del peaje—; verificación del cumplimiento de contraprestaciones, particularmente en el caso Silao-SMA donde el cobro anticipado sin inicio de obra física representaría un desequilibrio contractual; y protección del derecho de los usuarios, bajo la premisa de que la concesión no es un “cheque en blanco” y que el Estado mantiene la rectoría sobre las vías de comunicación, garantizando que el derecho a la movilidad no quede subordinado al lucro privado.
Como propuesta de acción inmediata, en tanto no se libere la vía Guanajuato-Silao, se solicita la formalización de una Comisión de Seguimiento y Evaluación de Concesiones Carreteras que transparente anexos técnicos de concesiones y prórrogas otorgadas en 2024 y 2025, establezca indicadores obligatorios de desempeño donde la saturación penalice la tarifa, y garantice que la carretera libre Guanajuato–Santa Teresa, entronque a Silao, mantenga circulación continua sin topes ni semáforos y con mantenimiento prioritario para salvaguardar el derecho constitucional de libre tránsito sin discriminación económica. De liberarse la autopista, se plantea que entonces pueda funcionar como vía de comunicación entre comunidades y la capital.
El respaldo político solicitado incluye la recomendación de liberar de manera inmediata la carretera Guanajuato-Silao, bajo el argumento de que su costo ha sido cubierto en múltiples ocasiones y que los habitantes de la capital son los únicos condicionados al pago de peaje para entrar y salir de su ciudad. En ese contexto, el documento cita principios doctrinarios de Acción Nacional sobre el recto ejercicio de la autoridad para evitar opresión e injusticia, y concluye que la infraestructura pública concesionada debe ser instrumento de desarrollo y no una carga perpetua para el ciudadano; que la revisión de los títulos de concesión constituye un ejercicio de rendición de cuentas y no una opción política.
El escrito fue fechado el 12 de febrero de 2026 en Guanajuato, Gto., y firmado por Resistencia Ciudadana GTO-Silao como un llamado formal al Congreso del Estado para reencauzar el modelo de concesiones bajo criterios de transparencia, legalidad y protección efectiva del derecho a la movilidad.
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