¿Se puede apagar un incendio con esperanza?
Esa parece ser la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que mezcla seguridad con desarrollo social.
El programa —anunciado este 9 de noviembre en Palacio Nacional— busca enfrentar la violencia que durante años ha marcado la vida en Michoacán. La chispa que encendió esta nueva ofensiva fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace apenas una semana.
Más de 57 mil millones de pesos se destinarán a infraestructura, educación, becas, apoyo al campo y reforzamiento policial. Sheinbaum insiste en que “la seguridad se sostiene garantizando derechos”, no sólo con patrullas o soldados.
Por eso, el plan no sólo contempla 10 500 agentes federales en tareas de seguridad, sino también 1.5 millones de beneficiarios de programas sociales.
A diferencia de estrategias anteriores, esta iniciativa incluye la voz de comunidades indígenas purépechas, empresarios, agricultores y jóvenes. El gobierno escuchó a las llamadas kuarichas, fuerzas de seguridad comunitaria que funcionan en pueblos como Cherán, símbolo de autogobierno y resistencia.
Michoacán es uno de los principales productores de aguacate y berries del país, pero también uno de los más golpeados por la extorsión y la violencia. El plan busca que los productores puedan trabajar sin miedo y que las familias tengan alternativas distintas a la migración o al reclutamiento criminal.
La presidenta prometió revisar los avances cada 15 días y ofrecer informes públicos mensuales. ¿Podrá esta vez la justicia llegar antes que las balas?
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