La propuesta plantea que la revisión incluya tanto el proceso de investigación como la determinación de conclusión y archivo del expediente, así como el análisis de empresas subsidiarias, vinculadas, representaciones y otras estructuras asociadas que pudieran guardar relación con el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El periodo a revisar corresponde al ejercicio fiscal 2025, y la auditoría deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que, durante el sexenio encabezado por Rodríguez Vallejo, Guanajuato enfrentó una crisis persistente de violencia e inseguridad, en un contexto en el que también se incrementaron señalamientos públicos sobre falta de evaluación y opacidad en la toma de decisiones gubernamentales.
Aguilar Castillo indicó que se han documentado diversos hechos que, en su conjunto, configuran un patrón que amerita una revisión integral. Entre ellos mencionó el uso faccioso de programas sociales, esquemas financieros opacos, proyectos con gasto excesivo, asignaciones de recursos con justificación cuestionable y la concentración de obra pública en determinados consorcios.
La diputada subrayó que, ante la existencia de múltiples expedientes con características similares, la respuesta institucional debe ser la máxima diligencia, y no el archivo de los casos. En este sentido, se refirió a los señalamientos de un posible conflicto de interés relacionado con Seguritech y con estructuras empresariales y personales vinculadas, derivados de investigaciones y reportajes periodísticos.
Agregó que, aunque el exgobernador ha señalado públicamente que el inmueble aludido no es de su propiedad y que se trata de un arrendamiento, ese argumento no resulta suficiente para cerrar el tema, ya que en asuntos de interés público corresponde a las instituciones acreditar documentalmente que no existe beneficio indebido ni trato privilegiado.
Asimismo, explicó que lo que se cuestiona es la calidad y suficiencia del procedimiento administrativo, al considerar que en casos de alto impacto es necesario detallar qué diligencias se realizaron, qué información se solicitó, a quiénes, bajo qué criterios y con qué estándares probatorios.
La legisladora sostuvo que, tratándose de posibles estructuras empresariales complejas, el análisis debe extenderse más allá de una sola razón social e incluir empresas relacionadas, subsidiarias, socios, beneficiarios reales y posibles beneficios indirectos.
Finalmente, advirtió que la existencia de un acuerdo de archivo sin publicidad suficiente del expediente y sin claridad sobre las actuaciones realizadas debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.
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