A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles en México —incluidas las de prepago, pospago, SIM física y eSIM— deberán ser registradas de manera obligatoria por sus usuarios. La disposición forma parte de los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que ahora supervisa al sector tras las reformas aprobadas en 2025.
La medida busca vincular cada número celular con la identidad real de su propietario, a fin de reducir delitos como extorsiones, fraudes y el uso de teléfonos anónimos en actividades ilícitas. Para completar el registro, los usuarios deberán proporcionar identificación oficial, CURP o, en el caso de empresas, RFC.
De acuerdo con la CRT, el uso de chips sin identificar facilita que miles de números se activen sin dejar rastro de quién los utiliza. Esto ha permitido que llamadas de extorsión, estafas por SMS y operaciones criminales se realicen desde dispositivos imposibles de rastrear. El registro obligatorio busca “ordenar” el mercado y reducir el margen para estas prácticas.
El proceso no será opcional. Las compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Altán y los operadores móviles virtuales estarán obligados a recopilar los datos y confirmar la identidad de cada usuario. La verificación deberá realizarse dentro de los plazos marcados por la autoridad.
Quienes no realicen el registro dentro del periodo establecido enfrentarán la suspensión del servicio. En ese estado, el usuario solo podrá realizar llamadas de emergencia, pero quedará sin acceso a llamadas normales, mensajes, datos móviles ni aplicaciones que dependan del número telefónico, como WhatsApp.
Las primeras suspensiones podrían aplicarse a partir de mitad de 2026, cuando concluya la fase de ajuste técnico de las operadoras.
La obligación abarca a todo el país y todos los tipos de líneas, sin distinción. Tanto quienes compren un chip por primera vez como los usuarios con números activos deberán completar el proceso de identificación.
La medida llega en un contexto en el que México busca nuevas estrategias para combatir delitos cometidos a través de dispositivos móviles, aunque también abre el debate sobre la protección de datos personales y la responsabilidad del Estado en su manejo.
0 Comentarios