GUANAJUATO, GTO. - El Pleno del Congreso de Guanajuato autorizó la solicitud del Ejecutivo estatal para contratar un crédito histórico por 8 mil millones de pesos. La decisión, que asegura el financiamiento del polémico Acueducto Solís-León, se consolidó con la mayoría de votos de los diputados del PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La votación se llevó a cabo en medio de una fuerte presión social y protestas de agricultores y ciudadanos de municipios del sur, como Acámbaro, Jerécuaro y Salvatierra, quienes exigían a los legisladores frenar un endeudamiento que, a su juicio, hipoteca el estado y amenaza su abasto de agua.
¿A Dónde Van los 8,000 Millones?
La deuda autorizada se divide en dos grandes rubros: Acueducto Solís-León | 4,000 millones | Construcción de la obra hídrica para llevar agua a las ciudades del corredor industrial.
Infraestructura General | 4,000 millones | Proyectos de obra pública, movilidad y servicios en diversos municipios del estado. |
Analistas financieros señalaron que, sumado a los pasivos existentes, este nuevo endeudamiento podría acercar la deuda pública total del estado a los 20,000 millones de pesos, un incremento que genera serias dudas sobre la salud financiera de Guanajuato a mediano y largo plazo.
El proyecto del Acueducto Solís-León, que planea extraer hasta 120 millones de metros cúbicos de agua anualmente de la Presa Solís, ha polarizado profundamente a la sociedad guanajuatense.
El Gobierno defiende que el acueducto es la única solución viable para garantizar el Derecho Humano al Agua para más de 3.5 millones de habitantes en León y el Bajío, mitigando la sobreexplotación de acuíferos.
Sin embargo, agricultores y residentes del sur ven la aprobación de la deuda como una "traición" y un "despojo". Sostienen que el trasvase de agua destruirá la estabilidad hídrica y económica de sus comunidades, favoreciendo el desarrollo urbano-industrial a costa del sector primario.
“Nos están condenando a la sequía. No es solo un problema de agua, es un problema de justicia social. ¿Por qué el crecimiento de unos tiene que ser el colapso de otros?", declaró un ciudadano durante la protesta.
Con el financiamiento asegurado, el Ejecutivo podrá acelerar la ejecución del megaproyecto. Sin embargo, la batalla legal y social está lejos de terminar. Se espera que los grupos opositores intensifiquen las acciones de resistencia, incluyendo la interposición de amparos y recursos legales para detener la construcción del acueducto, argumentando falta de estudios de impacto ambiental y la violación de sus derechos de consulta.
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