Con la entrada en vigor del Decreto 171, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato incorpora de manera explícita el reconocimiento de los animales como seres sintientes. El ajuste al Artículo 1° no solo amplía la dimensión ética del ordenamiento legal, sino que impone un mandato directo tanto al Estado como a sus 46 municipios: garantizar protección, trato adecuado, conservación y cuidado. La modificación trasciende el ámbito de las mascotas y coloca en el centro una visión integral del vínculo entre sociedad, autoridades y entorno.
Durante el posicionamiento oficial, la Gobernadora subrayó que el maltrato animal ya constituye un delito y advirtió que su administración mantendrá una política de aplicación estricta de la ley. La afirmación se alinea con una tendencia nacional e internacional que entiende el bienestar animal como un componente de la convivencia social y la cultura de legalidad. En esa lógica, la reforma no se limita a un gesto simbólico, sino que exige la armonización de reglamentos, protocolos de actuación y esquemas de vigilancia.
El cambio constitucional abre además la puerta a nuevas políticas públicas. Especialistas en derecho y protección animal anticipan el fortalecimiento de campañas de concientización, la profesionalización de cuerpos de inspección y la posible ampliación de sanciones. Organizaciones civiles, por su parte, ven en la medida una oportunidad para consolidar programas de adopción responsable, esterilización y educación comunitaria.
Más allá del lenguaje jurídico, el mensaje institucional apunta a una transformación cultural: promover la empatía, la responsabilidad y el respeto a la vida como pilares de la paz social. En ese horizonte, Guanajuato se suma al grupo de entidades que buscan traducir la sensibilidad social en obligaciones legales concretas, con efectos tangibles en la vida cotidiana y en la relación de la comunidad con sus seres sintientes.
0 Comentarios