La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reabrir un expediente fiscal que involucra a FEMSA, una de las empresas más grandes del país y dueña de marcas como OXXO, Coca-Cola FEMSA y OXXO Gas. El asunto gira en torno a un adeudo millonario en impuestos cuya validez ha estado en disputa durante varios años.
El caso llegó nuevamente a la Corte luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitara atraerlo para su revisión. La razón: analizar si es correcto que una empresa de este tamaño quede exenta de pagar su deuda fiscal debido a un posible retraso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al momento de revisar sus cuentas.
FEMSA había obtenido una resolución favorable en un tribunal federal. Ese juzgado consideró que el SAT tardó más de lo permitido en notificarle la supuesta deuda, lo que, en términos legales, podría provocar la “caducidad” del procedimiento.
Es decir: si la autoridad no actúa a tiempo, pierde el derecho a reclamar.
En consecuencia, el tribunal determinó que la empresa no estaba obligada a pagar el monto reclamado.
La ministra Batres argumentó que el asunto merece una revisión de alto nivel porque podría sentar un precedente relevante para todos los casos en los que el SAT reclama impuestos atrasados.
La discusión central es si la tardanza en un procedimiento fiscal debe ser suficiente para dejar sin efecto una deuda de gran escala.
Para la Corte, el caso no solo tiene impacto económico, sino también institucional: define hasta dónde llega la responsabilidad del SAT en sus tiempos de actuación y qué tan estrictamente deben aplicarse estos plazos a empresas de gran tamaño.
El resultado del caso tiene efectos más amplios que un simple conflicto entre una empresa y la autoridad fiscal:
Si FEMSA mantiene su victoria legal, el gobierno perdería una cantidad importante de recursos públicos. Esto podría influir en la recaudación y en el mensaje que se envía respecto al cumplimiento fiscal de grandes corporativos.
Si el SAT obtiene un fallo favorable, la autoridad reforzaría su capacidad para exigir pagos aun cuando existan retrasos procesales, y se enviaría una señal de mayor firmeza en la recaudación de impuestos.
La decisión de la SCJN podría modificar la manera en que se interpretan estos plazos en futuros casos, lo que afecta a la autoridad fiscal, a grandes corporativos y, en última instancia, a los ingresos públicos.
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