El idílico destino turístico de Tulum, conocido por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, se ha convertido recientemente en el foco de una intensa acción de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Tras recibir múltiples denuncias por precios excesivos y, más grave aún, por la ausencia de transparencia en las tarifas, la dependencia activó un operativo que ya ha dejado consecuencias significativas.
La Profeco no persigue los precios altos en sí mismos —una característica del libre mercado—, sino la opacidad y las prácticas abusivas que impiden al consumidor tomar una decisión informada.
El Desglose de las Infracciones
El operativo culminó con la suspensión de actividades en varios establecimientos de hospedaje y comercio, principalmente en la exclusiva zona del Parque Jaguar. Los hoteles Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum fueron sancionados con sellos de suspensión.
Las irregularidades detectadas por los verificadores no solo apuntan a los costos finales, sino al proceso de venta:
* Omisión de Tarifas Visibles: La falta de exhibición de precios es una violación directa a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Esto implica que los visitantes ordenaban o reservaban servicios sin conocer el costo exacto de antemano.
* Cobro Indebido de Propina: Se identificó la práctica de obligar o inducir al pago de la propina, la cual por ley debe ser siempre voluntaria y ser considerada una gratificación por el servicio recibido.
* Precios en Moneda Extranjera: Se encontraron menús y tarifas presentados en un idioma distinto al español o solo en moneda extranjera, dificultando la comprensión y comparación para el consumidor local y nacional.
Los precios detectados durante la verificación actuaron como una alerta roja para la Profeco. Si bien la libre competencia permite costos elevados, la disparidad observada reveló la existencia de un abuso que necesitaba ser investigado.
• Se registraron órdenes de tres tacos (pastor, asada o bistec) con precios que alcanzaban los $400 pesos, y una porción de guacamole que rozaba los $280 pesos.
• El precio promedio por una habitación doble en la zona superaba los $4,700 pesos, llegando a cifras de $13,860 pesos en los casos más extremos.
La acción de la Profeco en Tulum tiene un doble propósito. Primero, obligar a los negocios a corregir las fallas de transparencia de inmediato, sobre la pena de enfrentar multas mayores. Segundo, generar un efecto disciplinario en toda la industria turística.
La intervención busca devolver el poder de decisión al consumidor. Al obligar a la exhibición de precios, se permite la comparación y se incentiva la competencia justa, protegiendo al turista de ser víctima de cargos inesperados que pueden arruinar una experiencia vacacional.
La Profeco ha asegurado que las verificaciones serán constantes para evitar que los establecimientos reincidan una vez que los sellos de suspensión sean retirados. La transparencia y el respeto a la ley son pilares innegociables para que el turismo en México siga siendo un sector atractivo y confiable.
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