El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión antes de cumplir su condena completa. Sentenciado a nueve años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, Duarte solicitó el beneficio de libertad anticipada, argumentando que ya ha cumplido más del 95 % de su pena.
La audiencia en la que se definirá su situación fue aplazada para el 19 de noviembre, luego de que la jueza federal Ángela Zamorano Herrera considerara necesario escuchar a más testigos antes de emitir una resolución. Duarte permanece recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde ha pasado los últimos siete años.
La Fiscalía General de la República (FGR) se opone a que obtenga la libertad, luego de informar que en su celda se hallaron objetos prohibidos, entre ellos un módem con internet, un reproductor Blu-ray y presuntas bebidas alcohólicas. La defensa del exmandatario negó las acusaciones y calificó los señalamientos como “malinterpretaciones”, al asegurar que el supuesto alcohol eran tabletas para cocinar y que Duarte no cuenta con conexión privada a internet.
Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México. Su administración fue señalada por el desvío de más de mil 600 millones de pesos del erario, mediante una red de empresas fantasma. El caso se convirtió en uno de los símbolos más notorios de la corrupción política en el país.
Consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Duarte está por cumplir su condena, pero subrayó que más allá de las decisiones judiciales, existe una “sanción moral y ética con la sociedad” que no desaparece con su salida de prisión.
De obtener la libertad anticipada, Javier Duarte podría quedar en libertad antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia. Sin embargo, aún enfrenta otros procesos judiciales y la desaprobación pública derivada del impacto que su gestión tuvo en Veracruz.
El caso sigue siendo un referente sobre la forma en que México castiga —o perdona— los actos de corrupción. La resolución que adopte la justicia federal marcará no solo el futuro inmediato de Duarte, sino también la percepción social sobre la credibilidad del sistema judicial mexicano.
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