La Cámara de Diputados dio un golpe a la impunidad en el país al aprobar por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que busca combatir de manera más eficaz este delito que ha afectado tanto a ciudadanos como a empresarios en diversas regiones de México. La votación fue clara: 456 votos a favor, sin abstenciones.
Con esta ley, quienes cometan extorsión podrían enfrentar penas de 6 a 15 años de prisión, además de multas de 100 a 500 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 10,000 y 50,000 pesos. Se contempla además que el delito pueda ser perseguido de oficio, lo que permite a las autoridades actuar incluso si la víctima no presenta denuncia, y se habilita la denuncia anónima para proteger a quienes decidan reportar los hechos.
La normativa reconoce distintas formas de extorsión, incluyendo la directa mediante amenazas para obtener dinero o favores, la telefónica, el cobro de piso a comerciantes o empresarios, y la digital, que abarca chantajes a través de redes sociales o plataformas digitales.
Para reforzar su alcance, la ley modifica varios marcos legales existentes, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Víctimas.
Con esta medida, México refuerza sus herramientas legales para enfrentar la extorsión, enviando un mensaje claro: el delito no quedará impune y las víctimas podrán alzar la voz con protección y seguridad.
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