La propuesta plantea modificar el marco jurídico para establecer un esquema concurrente entre el Estado y los municipios. Entre los cambios centrales destaca la eliminación de la atribución municipal exclusiva sobre el transporte urbano y suburbano en ruta fija, permitiendo una participación coordinada del Ejecutivo estatal en tareas de planeación, regulación, integración del sistema y definición tarifaria.
Uno de los ejes principales de la iniciativa es la creación del Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano, mecanismo destinado a compensar incrementos tarifarios, financiar tarifas preferenciales y garantizar accesibilidad económica para los usuarios. La bancada argumentó que este instrumento permitiría dar estabilidad al sistema y reducir impactos directos en la población.
La iniciativa también propone una nueva fórmula tarifaria técnico-social. El modelo planteado establece que la tarifa deberá considerar costos operativos, demanda estimada y una utilidad razonable, incorporando de forma explícita el componente social mediante subsidios públicos. Con ello, las tarifas dejarían de depender únicamente de dinámicas de mercado.
En materia de modernización, el proyecto contempla la implementación de sistemas públicos de información del transporte y la digitalización progresiva de pagos, con el objetivo de fortalecer la transparencia, eficiencia y acceso a datos del servicio.
Otro punto relevante es la ampliación de beneficiarios de tarifas sociales, incorporando a estudiantes, personas con discapacidad, personas mayores, madres jefas de familia, infancias y personas cuidadoras.
Movimiento Ciudadano señaló que la propuesta responde a una visión de movilidad sustentable, accesible y con enfoque social. La iniciativa será analizada en comisiones legislativas.
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