XALAPA, VERACRUZ.
La administración de Rocío Nahle García se encuentra una vez más en el ojo del huracán por el uso de la fuerza pública contra manifestantes, luego de que elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaran a extrabajadores del extinto Seguro Popular que exigían el pago de sus liquidaciones pendientes.
El incidente, reportado el pasado 25 de noviembre de 2025, ocurrió en el centro de Xalapa, donde los extrabajadores bloquearon vialidades como medida desesperada ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Estatal respecto a adeudos que, según los afectados, se arrastran desde hace una década y que incluyen laudos laborales firmes.
Los manifestantes, personal que laboró en el extinto esquema de salud, exigían el cumplimiento de compromisos contractuales y laudos que garantizan sus indemnizaciones. Un laudo firme es una resolución judicial inapelable que obliga al gobierno a efectuar el pago, haciendo de esta deuda una obligación legal inmediata.
Fuentes señalan que tan solo un grupo de 31 extrabajadores ha ganado juicios que suman alrededor de 15 millones de pesos, los cuales el gobierno de Veracruz se niega a honrar.
En lugar de instalar una mesa de diálogo resolutiva, el gobierno de Nahle optó por una respuesta de fuerza. La movilización de los cuerpos antimotines para replegar a los manifestantes, muchos de ellos adultos mayores, ha sido calificada por diversos medios y líderes sindicales como un acto de intimidación y represión.
Este episodio se suma a una serie de señalamientos contra la actual administración de Nahle por emplear la fuerza pública en detrimento del diálogo social.
Si un gobierno utiliza la fuerza pública para acallar a ciudadanos que solo exigen el pago de una deuda que la ley ya les reconoció, ¿está defendiendo la justicia o está intimidando a la propia democracia?
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