Información y redacción: Emmanuel Mena
Guanajuato, Gto., 07 de octubre de 2025.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la metodología para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que busca establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave por parte de personas servidoras públicas.
Para su revisión, la iniciativa será remitida al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de las Mujeres, a organismos autónomos reconocidos por la Constitución y la ley, así como a los 46 ayuntamientos, que contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios. Además, se solicitará un estudio al Instituto de Investigaciones Legislativas, se habilitará un enlace en la página del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y se llevará a cabo una mesa de trabajo para profundizar en el análisis.
La propuesta presentada ante el Congreso por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, forma parte de un paquete de reformas que incluye la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales y la reforma al Código Penal en materia de violencia familiar. Su objetivo es garantizar justicia, respeto y seguridad en la función pública, considerando que cualquier conducta de acoso sexual dentro de la administración pública, incluso si es aislada o sin relación de subordinación, pueda derivar en sanciones severas, incluyendo el despido.
La iniciativa busca que el acoso sexual no solo sea considerado un delito penal, sino también una falta administrativa grave, lo que permitiría aplicar sanciones inmediatas y ejemplares. Se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de aprobarse, se espera que marque un cambio significativo en la forma en que Guanajuato protege a su población vulnerable.
Durante la sesión también se dio cuenta de la Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que reforma la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Asimismo, se aprobó un dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que las personas diputadas quedarán suspendidas en sus derechos y obligaciones parlamentarias cuando tengan imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente mediante resolución firme.
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