Amnistía Internacional destacó que la Suprema Corte admitió a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal de Guanajuato que mantienen penalizada la interrupción del embarazo, un paso que abre la puerta a una resolución que podría extenderse más allá de la entidad.
La organización recordó que desde 2021 la Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México, obligando a los 32 estados a armonizar sus leyes. Sin embargo, subrayó que Guanajuato suma ya cuatro años sin cumplir con esa sentencia, pese a que el criterio fue reforzado posteriormente por el propio máximo tribunal.
La ONG advirtió que, si el Legislativo estatal no realiza las reformas dentro del plazo establecido, la Suprema Corte podrá ordenar la despenalización del aborto en las entidades que aún lo criminalizan, lo que convertiría el caso de Guanajuato en un precedente con efectos obligatorios en todo el país.
Actualmente, además de Guanajuato, los estados de Morelos y Querétaro, en la región centro, así como Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, en el norte del país, continúan sin despenalizar la interrupción del embarazo.
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