Durante la sesión, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que a lo largo de la Legislatura LXVI se han impulsado diversas propuestas orientadas a eliminar la penalización del aborto voluntario y a establecer bases legales para una política integral de educación y salud sexual y reproductiva en la entidad.
La legisladora sostuvo que, pese a avances en educación sexual en instituciones de nivel básico, persisten prácticas de criminalización, persecución y estigmatización contra quienes deciden no ejercer la maternidad. En ese sentido, afirmó que la garantía de los derechos reproductivos y de salud de niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses continúa siendo una asignatura pendiente.
Recordó que el 16 de diciembre de 2025 el Congreso del Estado fue notificado de la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, así como del testimonio de la resolución emitida por la SCJN en el Amparo en Revisión 525/2024, mediante la cual se declaró la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Guanajuato relacionados con el delito de aborto voluntario.
Pedroza Orozco argumentó que resulta necesario presentar una nueva iniciativa ajustada al parámetro de regularidad constitucional fijado por el máximo tribunal del país, con el propósito de superar los obstáculos detectados en procesos legislativos previos y reformular la estrategia normativa para armonizar el marco jurídico estatal con los criterios constitucionales vigentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Subrayó además que la propuesta no crea un nuevo modelo penal ni legisla más allá de lo ordenado por la Corte, sino que elimina del orden jurídico local las disposiciones expresamente declaradas inválidas. Añadió que la despenalización no obliga a ninguna persona a interrumpir un embarazo ni a actuar en contra de sus convicciones, sino que reconoce una realidad social y evita que niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes sean tratadas como delincuentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.
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