Este 28 de enero de 2025, la Comisión de Salud del Congreso local, presidida por el diputado de Morena, Antonio Chauraund Sorzano, sesionó junto con autoridades estatales en una mesa de trabajo para analizar la iniciativa que propone crear una nueva ley para regular los Centros de Rehabilitación, conocidos como anexos.
La propuesta busca establecer reglas claras para los procesos de autorización, inicio de actividades, funcionamiento, cuotas y tratamientos que se brindan en estos centros, con la intervención del Estado a través de la Secretaría de Salud, así como de autoridades municipales y otras instancias competentes vinculadas a la atención de las adicciones.
Durante la sesión, Antonio Chauraund subrayó la gravedad de los datos expuestos por la Secretaría de Salud del Estado, al revelar que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas en Guanajuato es de apenas 14 años. El legislador también contrastó los costos de la iniciativa, que requeriría una inversión estimada de 117 millones de pesos para regularizar los centros de rehabilitación, frente a los 280 millones de pesos que el gobierno estatal gastó entre 2021 y 2024 en el programa Planet Youth, el cual calificó como fallido.
El análisis técnico destapó múltiples focos rojos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado advirtió que los internamientos forzosos a los que pueden ser sometidas las personas en los anexos son violatorios de derechos humanos. Además, recomendó modificar el término “Adictos en Recuperación” por considerarlo estigmatizante.
En la misma línea, representantes de la Secretaría de Salud del Estado coincidieron en la necesidad de eliminar el uso del término “Drogadicto” en la redacción de la iniciativa, al considerar que refuerza la estigmatización de las personas con problemas de consumo.
Desde el ámbito financiero, la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato lanzó otra alerta al señalar que la propuesta resulta inviable en sus términos actuales, al detectar inconsistencias jurídicas y operativas. También cuestionó la pertinencia de crear una ley específica para regular un solo padecimiento, como lo son las adicciones.
Las reservas no terminaron ahí. La Secretaría del Nuevo Comienzo del Gobierno del Estado advirtió que, aunque la iniciativa persigue un fin noble, su aprobación podría derivar en “una lluvia de amparos”. A su vez, el Sistema DIF Estatal señaló que la propuesta invade ámbitos de competencia que corresponden a autoridades federales.
Finalmente, la Consejería Jurídica del Estado fue más contundente al señalar que la facultad para legislar en esta materia corresponde al Congreso de la Unión, lo que deja en el aire la viabilidad legal de la iniciativa.
Mientras el debate legislativo continúa, el dato permanece como una advertencia ineludible: en Guanajuato, la puerta al consumo de drogas se abre desde la adolescencia, y la respuesta institucional sigue atrapada entre vacíos legales, alertas de derechos humanos y desacuerdos entre dependencias.
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