El 3 de diciembre de 2025, el gobierno federal —a través de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)— dio a conocer una propuesta para reducir la jornada laboral en México: pasar de las actuales 48 horas semanales a un máximo de 40 horas.
La propuesta contempla que la reducción sea gradual. Se prevé que el primer recorte se aplique en 2027 y se baje poco a poco hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
Para que la reforma sea real, sería necesario modificar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
La propuesta habría contado con consenso —o al menos diálogo— entre representantes del gobierno, sindicatos, empresarios, academia y sociedad civil.
El proyecto será enviado al Congreso de la Unión, donde deberá discutirse y aprobarse la reforma constitucional y los cambios a la Ley Federal del Trabajo.
En 2026 se consideraría el “periodo de transición”, para que empresas y trabajadores se preparen.
A partir del 1 de enero de 2027 comenzaría la reducción, con una jornada semanal de 46 horas. Luego: 2028 → 44 horas; 2029 → 42 horas; 2030 → 40 horas.
La reforma incluye mecanismos de regulación: por ejemplo, los empleadores deberán llevar un registro electrónico de las horas trabajadas, tanto ordinarias como extra.
Las horas extra seguirán permitidas —pero con límites claros: no podrán formar parte de la jornada ordinaria, se pagarán como extraordinarias y no excederán ciertos topes.
Las autoridades que impulsan la reforma señalan que la reducción no implicará baja en sueldos, prestaciones ni derechos laborales. El objetivo es dignificar el trabajo y recuperar tiempo de vida para los trabajadores: más descanso, más tiempo para la familia, recreación, salud, bienestar.
Aunque muchos sectores apoyan la iniciativa, también existen voces de preocupación:
Algunas empresas advierten que reducir horas sin bajar salario puede aumentar los costos de producción, lo que podría afectar a negocios pequeños o medianos.
Temen que la adaptación sea difícil: en ciertos sectores —manufactura, manufactura ligera, comercio, servicios— cambiar turnos, horarios u organización podría implicar reorganización costosa.
Existe la inquietud de que, si no se regula bien, algunos patrones opten por despidos, sustituir trabajadores o recurrir a la informalidad. Aunque estos riesgos no siempre se mencionan explícitamente, son parte del debate público —sobre todo en negocios con márgenes estrechos.
También hay quienes critican que la reducción es muy gradual: para muchos trabajadores el cambio real —la semana de 40 horas— no ocurrirá hasta 2030, lo que hace que la reforma parezca lejana.
En términos generales, la propuesta de establecer una semana laboral de 40 horas se presenta como una medida con un impacto potencial muy positivo para la calidad de vida de millones de trabajadores. Si se aplica con responsabilidad, con derechos garantizados y con supervisión, puede mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal, fomentar bienestar y productividad, y dignificar el trabajo.
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