Washington / Guanajuato.—El gobierno de Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva financiera contra el crimen organizado al imponer sanciones directas al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una organización criminal que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, la cual también incluyó en la lista de sancionados a José Antonio Yépez Ortiz, identificado como líder del grupo criminal.
Según el comunicado oficial, el enfrentamiento violento entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo y distribución ilegal de hidrocarburos ha sido un factor determinante para que Guanajuato se mantenga como uno de los estados con mayores niveles de violencia en México.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima no solo afectan la seguridad regional, sino que también alimentan un mercado negro de energía a nivel transfronterizo, debilitan a empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos y provocan pérdidas económicas significativas para el gobierno mexicano, al privarlo de ingresos fiscales clave.
En el anuncio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que la acción responde a una política frontal contra las organizaciones criminales. Recordó que el presidente Donald Trump asumió el compromiso de combatir de manera total a los cárteles, utilizando, entre otras herramientas, el bloqueo de sus recursos financieros.
“El Departamento del Tesoro está cortando agresivamente el acceso de estos criminales al sistema financiero de los Estados Unidos. No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y lavando dinero, los encontraremos y los detendremos”, afirmó Bessent.
Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas o entidades en Estados Unidos, lo que representa un golpe financiero directo a la estructura operativa del grupo criminal.
La decisión coloca nuevamente a Guanajuato en el centro de la atención internacional, al ser identificado como un punto estratégico en la disputa por el control del robo de combustible, una actividad que ha dejado una profunda huella de violencia, pérdidas económicas y descomposición social en la región.

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