El encuentro fue convocado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local y encabezado por diputadas y diputados de Morena, con la participación de Edith Moreno Valencia, presidenta de la comisión; Antonio Chauraund, vocal; y Ernesto Millán, como invitado. La discusión se centró en la necesidad de regular —no prohibir— el uso de dispositivos móviles en las escuelas, ante los efectos negativos en el aprendizaje y la convivencia escolar.
Desde el ámbito legislativo, Edith Moreno Valencia subrayó que el problema podría ser incluso mayor a lo reflejado en las cifras disponibles y que existe una demanda creciente de familias, directivos y comunidades educativas para encontrar soluciones que protejan a niñas, niños y adolescentes. En esa línea, se planteó que la iniciativa de reforma a la Ley de Educación busca establecer criterios claros para el uso de la tecnología en el entorno escolar.
Por su parte, Antonio Chauraund enfatizó que la propuesta apunta a ordenar y educar sobre el uso del celular, reconociendo que, si bien es una herramienta valiosa para el acceso a la información, su uso excesivo resulta perjudicial, por lo que se requiere definir cuándo, cómo y en qué espacios debe emplearse.El foro incorporó la visión de especialistas. La neuropsicóloga Natalia Vera Canales expuso los riesgos cognitivos asociados al uso intensivo del móvil en etapas de desarrollo, explicó los mecanismos de estimulación que favorecen conductas adictivas y señaló que cualquier regulación debe acompañarse de corresponsabilidad de padres, tutores y autoridades escolares.
A su vez, el maestro Roberto Ruz Sahrur, quien participó de manera remota, advirtió que la regulación legal por sí sola no garantiza resultados, como lo muestran experiencias internacionales, y subrayó la necesidad de recursos, protocolos operativos y seguimiento para que la norma sea efectiva.
En el cierre, Katya Soto, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, alertó sobre la circulación de contenido sexual e íntimo en planteles a través de dispositivos móviles, particularmente mediante los llamados “PACS”, archivos de imágenes que se intercambian entre estudiantes, en muchos casos sin consentimiento, lo que agrava la vulneración de derechos.
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