La propuesta, presentada por la diputada María Eugenia García Oliveros, del grupo parlamentario de Morena, plantea modificar varios artículos del Código Penal estatal para redefinir el delito de aborto, establecer sanciones diferenciadas y ampliar la protección a mujeres y personas con capacidad de gestar.
Desde el inicio, la iniciativa pone el foco en Guanajuato, una de las pocas entidades del país que aún mantiene en su legislación una penalización total del aborto, pese a que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional este enfoque en diversas resoluciones.
Qué cambia la propuesta
El proyecto plantea que solo se considere delito el aborto realizado después de la semana 12 de gestación. En esos casos, se propone que la sanción no sea exclusivamente cárcel, sino que se incluya como alternativa el trabajo en favor de la comunidad.
Además, se endurecen las sanciones para el aborto forzado, es decir, aquel que se practica sin el consentimiento de la mujer. La iniciativa busca aumentar las penas y establecer un castigo mayor cuando exista violencia física o psicológica, con el objetivo de brindar mayor protección a las víctimas.
Otro punto central es el cambio en el tratamiento legal de ciertos supuestos. Se propone que ya no se consideren “no punibles”, sino excluidos del delito, los casos en los que el aborto ocurre por accidente, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.
Una obligación constitucional
La diputada promovente subraya que la reforma no es opcional. La Suprema Corte ya determinó que criminalizar el aborto de manera absoluta viola derechos fundamentales como la dignidad, la autonomía, la salud y la igualdad. En diciembre pasado, el Congreso de Guanajuato fue notificado del inicio del proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, lo que obliga a modificar la ley en un plazo de 90 días.
Si el Congreso no actúa, será la propia Suprema Corte la que deje sin efectos los artículos del Código Penal que penalizan el aborto en todo el estado, como ya ocurrió en otras entidades del país.
Impacto social y de género
De aprobarse la iniciativa, el impacto sería principalmente social y jurídico. La reforma busca frenar la persecución penal de mujeres, reducir la desigualdad que afecta sobre todo a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y fortalecer el acceso a la salud pública.
También representa un paso en el reconocimiento de las mujeres y personas gestantes como sujetos plenos de derechos, capaces de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su proyecto de vida, sin la amenaza de castigos penales.
Guanajuato, rezagado frente al país
Actualmente, 24 estados de la República ya han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, ya sea por reformas legislativas o resoluciones judiciales. Guanajuato se mantiene entre los estados que han resistido el cambio, a pesar de los criterios claros del máximo tribunal del país.
El debate vuelve así al centro del Congreso local, con un mensaje contundente: reformar la ley o dejar que la Suprema Corte lo haga. Para las impulsoras de la iniciativa, el tiempo se agota y la omisión legislativa solo prolonga una forma de violencia institucional contra las mujeres guanajuatenses.
0 Comentarios