La modificación establece que la semana laboral de 40 horas se implementará de manera paulatina. El régimen transitorio fija una ruta específica: en 2026 la jornada será de 48 horas; en 2027 se reducirá a 46; en 2028 pasará a 44; en 2029 quedará en 42; y en 2030 se consolidará el límite de 40 horas semanales. Además, se precisa que por cada seis días laborales, las personas trabajadoras deberán disfrutar, como mínimo, de un día de descanso con goce de salario íntegro.
La reforma también redefine las reglas del trabajo extraordinario. Las horas extras deberán pagarse con un cien por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias y no podrán exceder de doce horas por semana, distribuibles en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días en ese mismo periodo. Si el tiempo extraordinario supera ese tope semanal, la persona empleadora estará obligada a cubrir un doscientos por ciento adicional respecto al salario de la jornada ordinaria. El texto constitucional incorpora, además, una restricción expresa: las personas menores de dieciocho años no podrán laborar horas extraordinarias.
En la discusión, la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social defendió la reforma al advertir que México figura entre los países donde se trabajan más horas con menores periodos de descanso, lo que no se traduce necesariamente en mayor productividad, sino en desgaste físico, emocional y social. Desde la Comisión de Estudios Legislativos se subrayó que la modificación representa un avance en la consolidación de derechos laborales y retoma la vocación social de la Constitución.
Las distintas fuerzas parlamentarias fijaron postura sobre el alcance y los tiempos de la medida. Hubo posicionamientos que calificaron la reforma como un cambio de carácter histórico al incorporar el objetivo de 40 horas semanales sin reducción salarial ni de prestaciones, así como la voluntariedad de las horas extras. Otras intervenciones reconocieron el avance, pero cuestionaron la aplicación gradual hasta 2030 y señalaron que una parte significativa de la población trabajadora se encuentra en la informalidad. También se expresaron reservas sobre la falta de un esquema que garantice dos días de descanso, al considerar que uno resulta insuficiente para la recuperación integral de las y los trabajadores.
En el cierre del debate, se advirtió que la implementación del nuevo marco constitucional requerirá claridad en la interpretación y aplicación de la norma por parte de la autoridad laboral, así como mecanismos que faciliten su adopción en el sector productivo. Con la aprobación en el Senado, la reforma avanza en el proceso legislativo y coloca la reorganización del tiempo de trabajo y descanso como uno de los ejes centrales de la agenda laboral nacional.
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