La declaratoria se refiere específicamente a los artículos 159, 160, 162 y 163 del marco penal vigente, disposiciones que han sido señaladas por contravenir principios constitucionales y derechos humanos. A partir de la notificación, el Poder Legislativo local dispone de un plazo de 90 días naturales para derogar o reformar dichas normas. En caso de no hacerlo dentro del periodo establecido, la Suprema Corte tendrá la facultad de invalidarlas con efectos generales en todo el estado.
Este proceso deriva de un litigio estratégico promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que ha impulsado acciones legales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La admisión de la declaratoria se sustenta en una resolución previa de la Primera Sala de la SCJN, que determinó que las normas impugnadas vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud, la igualdad y no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
En su análisis, la Corte estableció que el derecho penal no debe ser utilizado como una herramienta para imponer criterios morales ni para sancionar decisiones vinculadas con la autonomía reproductiva, al tratarse de un ámbito protegido por la Constitución y por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La admisión de esta declaratoria marca un momento clave para Guanajuato, al abrir un escenario de posible armonización legislativa con los criterios establecidos por el máximo tribunal del país. De concretarse la reforma o derogación de los artículos señalados, se avanzaría en el reconocimiento del derecho a decidir como un derecho humano, alineando la legislación estatal con el marco constitucional vigente.
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