La iniciativa parte de un fenómeno que en los últimos años ha encendido alertas en distintos países: la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y, de manera particular, el uso de herramientas de inteligencia artificial para manipular o generar imágenes y videos de carácter sexual, conocidos popularmente como “deepfakes”. Este tipo de material, elaborado mediante algoritmos capaces de alterar rostros, voces o cuerpos con alto grado de realismo, ha abierto un nuevo frente en materia de privacidad, reputación y violencia de género.
Desde la tribuna, la diputada Susana Bermúdez sostuvo que la violencia digital no puede entenderse únicamente como un problema tecnológico. En su intervención, subrayó que se trata de una manifestación contemporánea de desigualdades históricas que afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes. Bajo esa lógica, la reforma no solo pretende sancionar conductas, sino reconocer la dimensión social del problema.
El proyecto legislativo propone que la ley estatal contemple de forma expresa la difusión de contenido erótico o sexual sin consentimiento, independientemente de si el material es real o fue creado o alterado mediante inteligencia artificial. La intención es cerrar posibles vacíos legales en un contexto donde la manipulación digital se ha vuelto cada vez más accesible, incluso fuera de entornos especializados.
En términos penales, la propuesta plantea endurecer sanciones para quien, sin autorización, comparta, ceda o distribuya imágenes, audios o videos de carácter íntimo. La iniciativa también busca armonizar disposiciones con figuras ya conocidas en la legislación mexicana, como la denominada Ley Olimpia, orientada a castigar la afectación a la intimidad sexual. Sin embargo, el planteamiento incorpora matices: reconocer nuevas modalidades de victimización que surgen en plataformas digitales y redes sociales.
Otro de los puntos relevantes es la actualización de tipos penales vinculados al acecho, un delito cuya dinámica ha cambiado de forma significativa con la expansión de medios digitales. Las interacciones virtuales, los mensajes persistentes, la vigilancia a través de redes y la exposición pública de información personal son ahora parte de un escenario que, según legisladores, requiere definiciones más precisas.
Además, la iniciativa introduce un nuevo tipo penal relacionado con la instigación o apología de conductas que atenten contra la dignidad humana o la integridad física y psicológica de las mujeres. Este componente apunta a fenómenos que van más allá de la difusión de imágenes, como la normalización o promoción de prácticas violentas en entornos digitales.
Junto con el enfoque sancionador, el proyecto contempla medidas de carácter preventivo. Se propone una coordinación transversal del Poder Ejecutivo para promover campañas de concientización, estrategias de autocuidado en redes sociales y mecanismos de orientación para la ciudadanía. El objetivo es que la respuesta institucional no se limite a la persecución de delitos, sino que incluya acciones educativas y de sensibilización.
En el ámbito de atención a víctimas, la iniciativa enfatiza el acceso a asesoría jurídica y acompañamiento psicológico especializado. Este punto responde a una preocupación reiterada por organizaciones civiles y especialistas, quienes han señalado que los efectos de la violencia digital pueden ser tan profundos como los de otras formas de agresión, especialmente cuando se combinan con exposición pública y estigmatización.
La propuesta legislativa se inserta en un debate más amplio que atraviesa a distintas entidades del país: cómo adaptar las leyes a un entorno digital en constante transformación. La inteligencia artificial, las plataformas de contenido y la velocidad de circulación de información plantean desafíos inéditos para los sistemas jurídicos tradicionales.
De ser aprobadas, las reformas colocarían a Guanajuato dentro del grupo de estados que han buscado actualizar su legislación frente a la violencia digital. Más allá del resultado del proceso parlamentario, la discusión refleja un cambio de enfoque: reconocer que los espacios virtuales, lejos de ser ajenos a la vida cotidiana, se han convertido en escenarios donde también se disputan derechos, libertades y garantías fundamentales.
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