Tras el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en enero pasado, periodistas de nota roja en la región norte de Veracruz, particularmente en Tuxpan y municipios cercanos, han optado por abandonar su labor informativa, autocensurarse o salir de la zona por temor a represalias, de acuerdo con testimonios de colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Carlos Castro, quien se dedicaba a la cobertura de hechos policiacos y de seguridad, había recibido amenazas previas relacionadas con su trabajo periodístico, situación que refuerza la hipótesis de que su homicidio podría estar vinculado con su labor informativa, línea que ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El crimen generó un clima de miedo e incertidumbre entre comunicadores locales, principalmente quienes cubren temas de violencia y crimen organizado. Algunos reporteros han decidido dejar temporal o definitivamente la cobertura de nota roja, mientras que otros han emigrado a otras ciudades o estados para resguardar su integridad.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han advertido que Veracruz continúa siendo una de las entidades más peligrosas del país para ejercer el periodismo, especialmente en zonas donde la violencia criminal y la impunidad persisten.
Hasta el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con el asesinato, mientras el gremio periodístico exige justicia, garantías de seguridad y el fin de la impunidad en los crímenes contra la prensa.
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