Guanajuato, Gto., 19 de enero de 2026.— En un estado donde el delito de extorsión ha escalado de manera alarmante, Morena da un paso para armonizar la legislación local con la federal y endurecer las penas. El diputado Ricardo Ferro Baeza, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado, el Código Penal y la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato, con el objetivo de frenar este fenómeno delictivo.
La propuesta busca que la extorsión se considere un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, aumentar las penas de 4–15 años a 15–25 años de cárcel y garantizar coordinación entre autoridades estatales y federales para combatir estas prácticas criminales.
Los números detrás de la iniciativa son impactantes: en 2025, cuatro guanajuatenses denunciaron ser víctimas de extorsión cada día. Entre 2020 y 2025, las denuncias se dispararon un 6,973%, colocando a Guanajuato de manera constante entre los diez estados con más víctimas de este delito. Sin embargo, la cifra negra supera el 90%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), principalmente por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades y la normalización del delito.
Las modalidades más comunes en el estado incluyen el “cobro de cuotas”, amenazas telefónicas e intimidación directa, alcanzando 1,344 víctimas en los primeros once meses de 2025. Actualmente, el marco legal local no contempla expresamente estas formas de extorsión, lo que dificulta acreditar el delito y elaborar carpetas de investigación completas. Este vacío normativo ha permitido que la extorsión evolucione más rápido que la ley, generando espacios de impunidad aprovechados por la delincuencia.
La iniciativa de Guanajuato se suma a un esfuerzo nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el 17 de octubre de 2025 envió al Congreso de la Unión medidas para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. La Ley General aprobada ahora obliga a todos los estados a:
- Investigar de oficio este delito, sin depender de denuncias formales;
- Contar con un tipo penal que incluya todos los elementos necesarios para la investigación y sanción;
- Coordinar autoridades locales y federales para prevenir, investigar y sancionar la extorsión;
- Implementar programas y políticas interinstitucionales para su prevención efectiva.
Con esta propuesta, Morena busca que Guanajuato deje de ser un terreno fértil para la extorsión y dé pasos concretos hacia un sistema de justicia más eficaz y coordinado, mientras los ciudadanos esperan que las reformas se traduzcan en protección real contra un delito que ha crecido sin control.
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