Guanajuato., 19 de enero de 2026.—El Gobierno del Estado de Guanajuato puso en marcha un nuevo proceso para la selección de aspirantes a notarías públicas, con la instalación formal del jurado encargado de conducir la evaluación, bajo un esquema que promete privilegiar la legalidad, la transparencia y la eficacia institucional.
Durante el acto, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que este procedimiento responde a la instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de identificar a los perfiles más capacitados para el ejercicio de la función notarial, mediante mecanismos abiertos y alineados al marco legal vigente. En el evento estuvo acompañado por Roberto Mario Enríquez Carrillo, subsecretario de Servicios a la Comunidad, y Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, presidenta del Colegio Estatal de Notarios.
La integración del jurado contó además con la participación de representantes de Transparencia Mexicana, de la Universidad La Salle Bajío y de la Universidad de Guanajuato, instituciones que fungirán como instancias coadyuvantes y observadoras del proceso, junto con la Secretaría de la Honestidad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la credibilidad de las distintas etapas de evaluación.
De acuerdo con lo expuesto, el jurado tendrá a su cargo la definición de los criterios de evaluación, la elaboración del cuestionario del examen, así como la atención y resolución de incidencias que pudieran presentarse durante la aplicación y calificación de las pruebas. En este proceso participarán cientos de profesionistas del estado, de entre los cuales se seleccionará a quienes obtengan la calidad de aspirantes a notaria o notario.
El procedimiento se plantea como una etapa clave para el fortalecimiento de la función notarial, al tratarse de una actividad vinculada directamente con la certeza jurídica, la protección del patrimonio y la formalización de actos que impactan tanto en la vida económica como social de la entidad.
Desde la perspectiva del Gobierno estatal, el objetivo central es asegurar que las personas seleccionadas cuenten con la preparación técnica, el criterio jurídico y la integridad necesarios para ejercer la fe pública, considerando que las decisiones tomadas en este proceso tendrán efectos directos en miles de familias y en el desarrollo institucional del estado.
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