La Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditó que el menor fue víctima de agresiones físicas extremas y constantes, en un entorno marcado por el maltrato. La investigación reveló que los golpes fueron tan severos que provocaron un traumatismo cerrado de abdomen, lesión que derivó directamente en su fallecimiento. A pesar de la gravedad evidente, la ahora sentenciada no buscó atención médica, dejando al niño a su suerte.
Por la muerte del menor, la autoridad judicial impuso una condena de 18 años de prisión, a los que se sumaron 2 años más por el delito de violencia familiar cometido contra otros tres menores que habitaban el mismo domicilio. En total, la pena asciende a 20 años tras las rejas.
El caso no se limita a una sola víctima. Durante el proceso judicial, se comprobó que otros niños que vivían en esa casa también fueron sometidos a maltrato físico y psicológico constante, atrapados en un entorno de miedo, abuso y silencio, donde la infancia fue vulnerada de forma sistemática.
El tribunal ordenó el pago de la reparación del daño por los gastos funerarios y las afectaciones causadas a las víctimas. Debido a la gravedad de los hechos, se negaron beneficios o sustitutivos de la pena, y se confirmó que la representación legal de uno de los menores ya recibió el pago correspondiente.
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