Analizan elevar a rango constitucional la protección de la unidad familiar de personas migrantes en Guanajuato

Guanajuato, Gto., 20 de enero de 2026.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Guanajuato, con el propósito de incorporar el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes.

Durante el análisis, la diputada Yesenia Rojas Cervantes expuso que la migración ha sido un fenómeno constante en la historia del estado y del país, y que la propuesta busca establecer una base constitucional que garantice la permanencia de las familias migrantes unidas, así como la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

En su intervención, el legislador Juan Carlos Romero Hicks señaló que la población hispana representa aproximadamente el 19 por ciento de la población en Estados Unidos y participa de manera relevante en sectores como la construcción, el campo y la industria restaurantera. Indicó además que se estima que entre uno y uno y medio millones de guanajuatenses se encuentran en situación migratoria en ese país.

De manera general, se explicó que la iniciativa pretende fortalecer el marco constitucional local en materia de derechos humanos, al reconocer de forma expresa la protección de la unidad familiar de las personas migrantes. No obstante, también se identificaron diversos retos para su implementación, entre ellos la remisión del alcance del derecho a la legislación secundaria, lo que podría generar incertidumbre sobre las obligaciones específicas del Estado y los mecanismos para su cumplimiento.Asimismo, se planteó que, aunque la iniciativa señala que no genera impacto presupuestario, la garantía efectiva de los derechos humanos suele implicar la asignación de recursos materiales, humanos y financieros. En el ámbito municipal, se consideró necesario que los ayuntamientos realicen adecuaciones a sus reglamentos y programas sociales para atender a familias migrantes en situación de tránsito, retorno o residencia temporal.

Durante la mesa de trabajo también se destacó la conveniencia de precisar en el dictamen los alcances de la adición constitucional, así como aclarar que el concepto de Estado incluye a los municipios.

El diputado Rodrigo González Zaragoza manifestó su respaldo a iniciativas orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y señaló que el reconocimiento del derecho a la unidad familiar desde el ámbito local debe acompañarse de acciones de implementación a través de políticas públicas estatales y municipales.

La discusión forma parte del proceso legislativo para determinar la viabilidad y alcances de la reforma constitucional propuesta.